El desplazado titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán presentó dos escritos judiciales para frenar la investigación que lo acusa de administración fraudulenta por el contrato firmado con una empresa vinculada a La Cámpora. A través de sus abogados, negó las irregularidades y detalló el rol que tuvo la militante María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner. Según pudo saber InfoGremiales, en su entorno confían en que la Justicia le dará un fallo favorable en los próximos días.
El intervenido secretario general de la UOM, Abel Furlán, salió a la ofensiva en la causa que investiga un presunto desvío de fondos del gremio y presentó dos escritos ante distintos juzgados para pedir su sobreseimiento. La defensa, encabezada por los abogados Alejandro Rúa y Pablo Slonimsqui, rechazó las acusaciones sobre la contratación de la empresa USEM SA, vinculada a la militante de La Cámpora María Soledad Calle, y aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y aprobado por los órganos internos del sindicato.
La investigación judicial busca determinar si Furlán y otros directivos del gremio habrían celebrado un contrato perjudicial para los afiliados al ceder el control financiero de los recursos a una firma privada. Frente a esa hipótesis, los abogados sostuvieron que «no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM» y que la contratación fue analizada en el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y el Congreso Nacional de Delegados del gremio. Uno de los ejes del descargo es la distinción entre «administración» y «gestión bancaria». Según Rúa, «contra lo que se denuncia, la UOM no ha cedido su administración sino sólo la gestión bancaria».

En el segundo escrito, la defensa se explayó sobre el rol de María Soledad Calle, quien adquirió el departamento del primer piso de San José 1111, el inmueble ubicado debajo de la unidad donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La presentación rechazó que su vínculo laboral con el gremio y su participación societaria constituyan una incompatibilidad. Slonimsqui sostuvo que la UOM no forma parte de la Administración Pública y que, por lo tanto, no corresponde aplicar automáticamente las reglas de incompatibilidades para funcionarios. También negó que Calle haya tenido atribuciones para contratar, ordenar pagos o administrar recursos.
Sobre la compra del departamento de San José 1111, la defensa aclaró que fue realizada «con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino». También rechazó versiones sobre una relación sentimental entre Furlán y Calle, y denunció una «construcción mediática» basada en estereotipos de género para dañar su imagen.
Fuentes cercanas a Furlán confiaron a InfoGremiales que están «muy optimistas» respecto al avance de la causa y creen que la Justicia dictará el sobreseimiento en los próximos días. Los escritos de la defensa sostienen que los balances del gremio avalan la legalidad de su gestión y que, entre 2021 y 2025, la UOM pasó de tener 17 millones de dólares en ahorros a más de 31 millones. «No hubo irregularidad ni delito. El hecho investigado no se cometió», concluyó Rúa en su presentación.




