El gremio de obreros de la fruta de Entre Ríos fue intervenido por la Federación de rurales que lidera el diputado libertario Pablo Ansaloni. Al frente quedó un condenado por intento de magnicidio. Ahora usaron la sede para un acto partidario con funcionarios de Capital Humano. El sindicalista desplazado lleva la denuncia a la OIT.
La cúpula libertaria quedó envuelta en una demanda ante la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) luego de que un sindicato intervenido por libertarios en Entre Ríos se usara como sede para actos partidarios del gobierno.
Se trata del sindicato de la Fruta en Concordia que fue tomado el pasado 28 de diciembre por un grupo de personas encabezadas por Iván Amaro, condenado en 2016 a tres años de prisión por el intento de homicidio del ex diputado Alejandro Bahler. El objetivo de este grupo era avanzar en la «normalización» del sindicato de base de Entre Ríos, con el pretexto de una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu).
Como relató InfoGremiales, la Fatrefu fue creada por el diputado libertario Pablo Ansaloni para tratar de quedarse con afiliados de la UATRE, gremio al que perteneció en el pasado cercano, y cotizantes a la intervenida obra social de los peones rurales OSPRERA.
En ese marco Amaro rompió las cerraduras y corrió a quien era el secretario general del gremio de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, Alcides Camejo. Para que la intervención tuviera el aval de la secretaría de Trabajo de la Nación, que depende de Sandra Pettovello, Amaro jugó en tándem con Eduardo Vidoni, que es el responsable de la Agencia Territorial Concordia de la secretaría que encabeza Julio Cordero.
Según explicó La Política Online Vidoni, que funcionó como el intermediario institucional en la intervención del sindicato, cometió el desliz de presentarse a un acto partidario en la sede del sindicato el lunes de la semana pasada. Junto a Vidoni y Amaro apareció Roque Fleitas. El «Lagarto», que preside el partido de los Milei en Entre Ríos, cayó con banderas de La Libertad Avanza como para que no quedaran dudas del tono del evento.
Del acto participaron también el diputado nacional Ansaloni, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura la Nación, Martín Fernández y el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio.
La foto partidaria le sirvió al intervenido Camejo como la prueba para argumentar frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que Vidoni tiene un interés político-partidario y que todos los informes, actas e inspecciones que esa misma delegación elevó a Nación para justificar la intervención del sindicato están viciados de parcialidad y animosidad política.
Los abogados de Camejo anticiparon van a pedir la nulidad absoluta de todo el proceso, argumentando que la finalidad de la intervención fue política y no normalizadora. El argumento de los abogados de Camejo es que el artículo 14 de la Ley 19.549, de Procedimientos Administrativos, permite pedir la nulidad absoluta de un acto administrativo si tiene un «vicio de finalidad». El denunciante puede probar que el origen de la intervención fue quedarse con la caja política y no normalizar el gremio. Esto retrotraería la situación, anulando la intervención y devolviendo el sindicato a Camejo.
La denuncia golpea directamente a Pettovello. Camejo analiza ir a la OIT para denunciar que se violó el Convenio 87. Es que el Estado nacional es el que responde ante el organismo internacional y específicamente el ministerio de Capital Humano porque es el organismo que garantiza el cumplimiento del convenio. Si un subordinado jerárquico como Vidoni utiliza las instalaciones de un sindicato intervenido por el Estado para desplegar propaganda de La Libertad Avanza, el ministerio de Pettovello incurre en responsabilidad por omisión de fiscalización e injerencia estatal directa.
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