La Secretaría de Trabajo le objetó a la OSPRERA el plan escrito que presentó para pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ya notificó la determinación a Marcelo Petroni y le reclamó más información. El mecanismo administrativo le habilitaría la realización de despidos masivos. Se habla de unas 600 cesantías.
Tras algunas semanas de su presentación, la Secretaría de Trabajo de la Nación observó el pedido realizado por la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) para dar inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado por la intervención libertaria en manos de Marcelo Petroni.
Trabajo, un organismo cercano a la OSPRERA, de hecho se conocen chats entre el propio Petroni y Julio Cordero por lo que se descarta que la determinación es eminentemente técnica, le requirió a la gestión de la Obra Social: «Acreditar fehacientemente la personería que invoca acompañando los correspondientes instrumentos como lo establecen los artículos 31 y 32 del Reglamento de Procedimientos Administrativos».
También le pide: «Acompañar corte de balance del periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025 certificado por contador público», que «Informe el domicilio donde efectivamente desempeñan tareas los trabajadores afectados» y «Aclarar el Convenio Colectivo aplicable a los trabajadores involucrados»
Además le reclama «Acompañar el listado del personal afectado según lo previsto en el Inciso e) del Art. tercero del Dto. Nº 265/02″ y «En caso de contar con subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie otorgados por organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, deberá adjuntarse copia certificada de los actos y/o instrumentos que disponen los mismos».
La determinación de Trabajo, que no convocó al gremio para avanzar en ningún tipo de acuerdo por las desprolijidades de la presentación, deja en stand by un proceso con el que Petroni quería despedir 638 trabajadores sobre un total de 1.160 empleados, con liquidaciones finales estimadas en $20.930 millones y un esquema de indemnizaciones, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por un total de $10.465 millones a pagar en 12 meses. Además, el libertario le pedía la exención de cargas sociales durante un año.
Según lo que pudo recoger InfoGremiales, la idea habría sido empujada por Claudio Stivelman, el funcionario libertario que comanda la Superintendencia de Servicios de Salud y que llegó en medio de un tembladeral a la cabeza del organismo en medio de un tembladeral por la relación promiscua con el sector privado.
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