Tras una polémica intervención radial, gremialistas de la Auditoría General de la Nación cuestionan a la senadora Carmen Álvarez Rivero por desconocer el rol constitucional del organismo y reclaman al Congreso que designe a sus autoridades para restablecer el control institucional.
Las recientes declaraciones de la senadora nacional por la provincia de Córdoba, Carmen Silvia Álvarez Rivero, que en diálogo con El Destape, dijo que para pagar un aumento a los jubilados habría que eliminar la Auditoría General de la Nación (AGN) porque «no sirve para nada», han generado una fuerte polémica institucional, especialmente por el desconocimiento de la legisladora.
La Auditoría General de la Nación es el órgano encargado del control externo del sector público nacional, con funciones técnicas de asistencia al Congreso. Su existencia y funciones están establecidas en el artículo 85 de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994 por lo que no se puede eliminar sin hacer una reforma constitucional. Es precisamente esta naturaleza institucional lo que, según APOC, ha sido minimizado o desconocido por la senadora.
Desde la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) salieron a responderle. El comunicado firmado por Miguel Giménez y Hugo Quintana, secretarios generales, no escatima en señalar con firmeza lo que consideran una «carencia cognitiva» de la senadora respecto a dos temas: el impacto fiscal del bono para jubilados de haberes mínimos y, sobre todo, el papel institucional de la AGN.
Los gremialistas recalcaron que actualmente la AGN se encuentra en una situación de «acefalia», es decir, sin autoridades directivas designadas, lo cual no es atribuible al personal profesional, sino a la falta de acción del Congreso Nacional. «Un país sin presupuesto por dos años consecutivos y con una Auditoría sin auditores nos pone en una peligrosa carencia de institucionalidad«, afirman en el comunicado.
En su nota, los firmantes invitan a la senadora Álvarez Rivero a informarse sobre los trabajos realizados por el organismo y a ejercer con responsabilidad su rol como integrante de una de las cámaras legislativas encargadas de designar a los auditores.
Más allá de la crítica directa, el mensaje tiene un claro tono de advertencia institucional. El reclamo a los legisladores apunta a la necesidad urgente de restablecer el funcionamiento pleno de uno de los pilares del sistema democrático representativo: el control sobre la gestión pública.
El comunicado finaliza con una exhortación directa al Congreso para que cumpla con su obligación constitucional y legal: cubrir de inmediato las vacantes en el cuerpo directivo de la AGN, recuperando así un equilibrio fundamental en la institucionalidad del país.
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