«En nuestra presentación sostenemos que no fue ‘producto del azar’ que Molinos pasara de soportar pérdidas a obtener ganancias tras el secuestro de estos trabajadores, una afirmación que surge de la prueba que obra en la causa y que el Juzgado tiene que investigar», dijo hoy a Télam una fuente de la Unidad Fiscal.
Requirieron al Juzgado Federal 3 de La Plata el impulso de la acción penal, en la que aún no hay imputados, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
Molinos «pasó de soportar pérdidas, al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes», indicaron los representantes del Ministerio Público en el requerimiento para impulsar la acción por los secuestros de 15 trabajadores, de los cuales 14 siguen desaparecidos.
Para formular el requerimiento, la Unidad Fiscal analizó documentación de Molinos obtenida en allanamientos realizados en julio del año pasado, archivos de inteligencia policial, información reunida en su momento por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y declaraciones de testigos.
Entre sus conclusiones preliminares, señaló que hubo en la empresa «persecución sistemática» a trabajadores con actividad sindical, «reflejada en las tareas de inteligencia e infiltración desplegadas por los directivos de la firma dentro de las plantas de producción, delegada en las fuerzas armadas y de seguridad».
El 7 de julio de 1977, represores ingresaron a la planta de Molinos en Avellaneda con listas de nombres de trabajadores, a quienes detuvieron y subieron a un camión del Ejército.
Ese día fueron secuestrados Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, quienes permanecen desaparecidos, y otro trabajador secuestrado que finalmente sobrevivió, precisaron los fiscales.
Entre 1976 y 1977 fueron secuestrados también Ricardo Avelino Almaraz, Cecilia Arzamendia, Avelino Antenor Freitas, los hermanos Juan Carlos y José Jacinto Pasquarrosa, Humberto Oscar D’Ippolito, Alfredo Patiño, Carlos Guillermo Robles, Martina Concepción Espinoza, Héctor Alberto Vidal y Marta Avila.
Requerida por los fiscales, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración General indicó que Molinos Río de La Plata dio de baja en sus declaraciones juradas anuales a Freitas el 1 de noviembre de 1976, cuatro meses después de su desaparición, por supuesto «abandono de trabajo».
Los fiscales remarcaron que ese forma de registración también «redundaba en un directo beneficio económico para la firma: no debían pagar indemnizaciones a dichos empleados ya que formalmente nunca los habían despedido».
