El 12 de marzo pasado tuvo lugar una asamblea en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en San Martín, provincia de Buenos Aires. La reunión fue interrumpida cuando los trabajadores notaron que un hombre se puso a sacar fotos. Resultó ser el subcomisario y abogado José Manuel Bravo, que se encontraba de civil y sin identificación, quien ahora está procesado por el delito de abuso de autoridad.
Luciano Domínguez Pose, secretario General de la Junta Interna de ATE INTI y Daniel Fernando Luna, miembro de la Agrupación Naranja del INTI hicieron la denuncia y consideraron que lo actuado por Bravo podría ser encuadrado como espionaje ilegal. El caso fue investigado por el juez Sebastián Ramos junto al fiscal Ramiro González.
Cuando sucedió el hecho Bravo era subcomisario en la Delegación San Martín de la Policía Federal. Según consignó Infobae, en la resolución de Ramos, se explica que "ha quedado suficientemente acreditado... que el día 12 de marzo del corriente, Bravo, concurrió al INTI con motivo del cumplimiento de la orden de servicio indicada, que al arribar al playón de ingreso del predio fue interceptado por autoridades del instituto, quienes le manifestaron e insistieron en que debía retirarse porque no había sido solicitada la presencia de personal policial".
El juez indicó que la asamblea había sido comunicada a las autoridades de INTI y que era absolutamente regular. Y que a pesar de las advertencias de la gente del INTI para que Bravo no se acercara a la reunión "el imputado igualmente ingresó al instituto abusando de su autoridad y condición de policía, se infiltró en la asamblea?y procedió a la toma de por lo menos una fotografía con su teléfono celular, tal como lo explicara en su descargo". Ramos agregó que "?resulta evidente, como el propio Bravo lo destacó, que debía 'tomar contacto visual' con la asamblea y no introducirse en la misma, pero además (...), Bravo no debió, bajo ningún aspecto, introducirse en la misma, mucho menos tomar una fotografía desde allí como él mismo explicó, porque no era lo que la orden requería, sino que se excedió en su cumplimiento y para ello hizo uso y abuso de su condición de policía".
Aquel 12 de marzo Bravo quedó dentro del INTI rodeado por trabajadores que no lo dejaban salir. Tuvo que llegar su superior el comisario Alejandro Cabo- Jefe de la Delegación San Martín de la Federal- quien dio las explicaciones del caso, mostró la identificación de su subordinado y se quedó con un celular que tenía el subcomisario. Cabo también fue denunciado e indagado. El juez Ramos le dictó una falta de mérito porque consideró que no hay pruebas suficientes para procesarlo o para sobreseerlo.
Según informó el mismo medio, en el lugar también se presentó el comisario inspector Rodolfo Barral quien fue a identificar a Bravo y tratar de calmar la situación pero terminó confiando algo más grave aún, el uso sistemático de estos recursos. Testigos de la causa señalaron que mientras se esperaba para firmar el acta, les habría dicho que los "seguimientos" de las asambleas eran cotidianos, que los realizaban hacía un tiempo largo y que la Policía Federal de San Martín realizaba una sistematización de la información que recogía.
