Tras la denuncia penal realizada por el fiscal Franco Picardi en la que se le imputan presuntas "conductas delictivas" a los responsables de distintos locales de la cadena COTO, Delegados y Trabajadores de Coto Autoconvocados, piden la intervención de la autoridad del gobierno porteño en materia de Salud.

En la nota dirigida al ministro Fernán González Beraldo de Quirós le imploran "que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para poner freno a esta situación que nos deja expuestos a todos como sociedad" y le piden que dirija los operativos de testeos masivos para "que se hagan presentes en los barrios porteños mas afectados con sucursales de COTO".

"Hay denuncias en fiscalías, en los medios y todos los entes de control para que los responsables por acción u omisión se hagan cargo de la magnitud de su imprudencia" explican, y relatan como "Los delegados y trabajadores están amenazados, hostigados y hubo hasta golpizas y expulsados al hambre con causas mentirosas por actuar en cuidado de la salud de todos."

La nota pide que se investigue a toda la familia, Alfredo Coto, su esposa Gloria y sus hijos Germán y Alejandra, a quienes acusan de "quebrantar la ley", sin que medios ni autoridades hagan algo al respecto.

También piden que "los que dicen representar a los trabajadores den explicaciones" y avisan que se van a presentar como damnificados y querellantes ante el juez Ariel Lijo.

Afirman que ya "hay compañeros con consecuencias irreparables por el actuar de COTO y el silencio cómplice de muchos", mientras le piden a las autoridades estatales del gobierno porteño que "no se hagan más los distraídos".