"Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente (durante el aislamiento) se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario", había advertido hace dos semanas el presidente de la CAME Gerardo Díaz Beltrán. Fue el prólogo de un debate sin saldar.

Ayer la CGT y la UIA refrendaron el acuerdo por el que se regulan las suspensiones en el marco de la pandemia. Renovaron por 60 días el entendimiento por el que se puso un piso del 75% del salario para aquellos que estén dispensados de trabajar en el actual contexto. Pero saben que se avecina otra discusión incómoda.

Abriendo el paraguas la Unión Industrial Argentina (UIA) le solicitó formalmente al Gobierno, a fines de mayo, que extienda el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta junio, contemplando no solo el pago de hasta el 50% del salario sino también todo el medio Sueldo Anual Complementario que se paga durante el sexto mes del año.

La respuesta pareció llegar anoche. Es que mientras anunciaba una nueva etapa del aislamiento para combatir el Covid19, Alberto Fernández sentenció: "El Programa de Asistencia a la Producción y el trabajo (ATP) es para cubrir sueldos, no lo hemos pensado para otra cosa".

Como contraparte se escuchó: "Los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo, no hay ningún debate". Las palabras las pronunció hace apenas unos días el cotitular de la CGT, Héctor Daer. Pero la intención de salir a cortar de raíz las versiones que hablan de recortes, retrasos y fraccionamiento del medio aguinaldo no prosperó.

Según pudo saber InfoGremiales, esta semana una importante cámara empresaria le acercó su borrador a uno de los sindicatos más populosos del país para resolver la situación. En él se proponía fraccionar el aguinaldo en 6 cuotas consecutivas. "A nosotros el sindicato nos dijo que no suena ilógico", confió una fuente de la negociación que está en pleno desarrollo.

Hay otras iniciativas dando vueltas que estipulan el pago en 3 cuotas. La cuestión de fondo, ahora, es si las conversaciones estarán centralizadas, como en el caso de las suspensiones, o se diluirán en el mercado de trabajo. En ello también pesará quién estará dispuesto a asumir el costo político que coseche la resolución.

Además se baraja de la chance de segmentar, sabiendo que las posibilidades y los recursos con los que cuentan las Pymes no son los mismos que los de las grandes empresas. Esta historia está en pleno desarrollo.