Un comunicado firmado por la Mesa de Unidad Taxista y difundido por el titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT), Omar Viviani, afirmó que esas compañías trabajan en "la ilegalidad y transportan pasajeros", no obstante varios fallos judiciales en contra, como el del 19 de marzo último del juez Víctor Trionfetti.

"Ese fallo fue ignorado por el gobierno porteño, pero reafirmó que la actividad de Uber como servicio de transporte de cosas y personas está prohibida en el distrito por un fallo judicial, confirmado por la Cámara de Apelaciones", sostuvo la entidad gremial.

La Mesa de Unidad explicó que esas firmas realizan sus actividades a partir del encubrimiento con "argumentos falsos de diversa índole o con la complicidad de los organismos que otorgan permisos que en ningún caso podrían lograr si confesaran que transportan pasajeros en el contexto de una actividad no admitida por un conjunto de leyes en vigencia y, por lo tanto, ilegal".

Del mismo modo, aseguró que en las calles de la ciudad hay más automóviles de esas multinacionales -a las que poco importa la pandemia y la salud de los argentinos- que autos del servicio público de taxis que, en un elevado porcentaje, "no tienen trabajo por cumplir las normas de la cuarentena (edad, enfermedades preexistentes u otras) o a partir de la gran caída de la demanda", continuó.

La Mesa de Unidad -integrada por lo gremios de Viviani y SPAT, UPAT, ATC, Upymra y Cametax- añadió que ante el agravamiento de la situación sanitaria por más contagios y la necesidad de reducir los niveles de movimiento entre la ciudad y el conurbano bonaerense, se imponen "más controles y rigurosidad a quienes administran esos permisos para impedir el fraude en el transporte".

También enfatizó que es preciso exigir declaraciones juradas que hoy "se falsean", cruzando datos con el padrón de taxis y remises del gobierno de la ciudad.

"Las autoridades deben priorizar el trabajo legal y registrado para preservar y cuidar las fuentes laborales de la actividad, una de las más perjudicadas por la emergencia sanitaria y el funcionamiento ilegal de las multinacionales", concluyó.