Se trata del ?90% de los despedidos? por la nueva administración comunal, entre las que se encuentra "una embarazada de alto riesgo" y jefas de familias que fueron notificadas el 10 de enero último "por las redes", dijeron a Télam las empleadas.

"Algunas fuimos sacadas de nuestros lugares de trabajo sin el aviso de despido" y sin causales administrativas que lo justifiquen, afirmó Gisella Palacios, una empleada con cuatro años de antigüedad, con categoría 12, "la mínima del escalafón", quien asegura que por reclamar le "rompieron" el vidrio del auto en la puerta de su casa.

Las trabajadoras agregaron que efectivos policiales las persiguen "día y noche" y que para recuperar el empleo les piden "gestos públicos" como la publicación en las redes de fotos del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, del intendente, Maximiliano Frontera, y de su vice, Verónica Bailone, en apoyo a la gestión.

"Algunos fuimos obligados a actuar de refuerzo en el remediaje de la última tormenta, con la promesa de ser reincorporados, pero sin ningún respaldo legal", describieron las acampantes de Villa Mercedes, ciudad distante a 100 kilómetros de la capital provincial.

Entre las despedidas, se encuentran empleadas del Concejo Deliberante y administrativas del municipio, que no ganan más de 30 mil pesos, y cuya liquidación final fue establecida "entre 4.500 y 9 mil pesos".

Las mujeres aseguran estar "asustadas" y ser víctimas de "persecución política" por haber apoyado en las elecciones provinciales al sector que representa en San Luis el senador Adolfo Rodríguez Saá, hermano del gobernador y enfrentado con éste, por las tensiones del poder provincial.

Con la carpa instalada hoy, reclaman ser recibidas por el intendente Frontera, un llamado a sesión extraordinaria por parte de los concejales y la intervención de la flamante Secretaría de la Mujer, creada por la actual gestión.

"Algunos fuimos retirados de nuestro lugar de trabajo por la fuerza y a otros no nos dejaron ingresar al Municipio", relataron y sostuvieron que hubo recolectores de residuos que fueron obligados a "bajarse del camión a las 5 de la mañana y volver al municipio caminando".

"Nadie nos escucha. Hay compañeras que aún no perciben los días trabajados hasta el despido, y como mamás tenemos que hacer frente al ciclo lectivo que se viene y hoy ni siquiera podemos asegurar la comida de nuestros hijos", sostuvieron.

Frontera anunció los despidos en una conferencia de prensa el 10 de enero y aseguró que en algunos casos "no fueron respetados los procedimientos establecidos por la ley" y que recibió una intendencia "superpoblada de funcionarios".