La intervención político judicial al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que terminó a principios de este año, se fue multidenunciada. Desde desmanejos con fondos en el gremio y la obra social, hasta el vaciamiento de la Fundación Azul y de la mutual del gremio, pasando por los cientos de nombramiento de amigos, familiares y militantes, que quedaron expuestos con el "Sandrin gate".

El propio de Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tuvo que poner su renuncia sobre la mesa (desestimada por Macri) luego de que se conociera la contratación de la empleada doméstica de su familia, pero las irregularidades hicieron que las esquirlas llegaran más lejos. En seguida se comprobaron los lazos entre las arbitrariedades y la interventora más "celebre" del SOMU, Gladys Gonzalez, actual senadora de la nación, que se retiró del cargo con una andanada de denuncias sobre sus actuaciones.

Desde el entorno del detenido Omar "Caballo" Suarez señalaron que en las arcas de sólo una de las instituciones "tomadas", la Fundación Azul, había algo más de $120 millones al 8 de febrero de 2016, día en que un fallo de Rodolfo Canicoba Corral dicta la intervención. Además calculan que entregaron un patrimonio de otros 60 millones en las cuentas del gremio y de la mutual. Dos años más tarde, al finalizar las actuaciones, el gremio llegó con las finanzas complicadas y la mutual en quiebra, tanto es así que está vendiendo su histórico edificio para cerrar y pagar lo que debe.

En el medio pasó la campaña 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en la que Gonzalez fue protagonista, y una larga lista de dirigentes y militantes de Cambiemos se financiaron con el dinero de los marineros. Tan obvio es que se utilizaron las estructuras "ocupadas judicialmente" que hasta circularon videos con las bolsas de la Fundación Azul en las mesas del oficialismo

"Lo de las bolsas es chiquitaje", decían. Tan chiquitaje como que el ministro haya derivado las cajas navideñas del SOMU a su quinta personal. No lo es tanto que le haya pagado casi $500 mil a su hermano por organizar una fiesta en la entidad intervenida. Hasta ahora todas esas cuestiones pasaron sin mayores investigaciones.

En el ejército de militantes que obtuvo contratos pagados por el SOMU para hacer campaña en 2017 se detectó a la Vicepresidenta de Jovenes PRO Sheila Irene Adano; al Vocal de la JPRO Ari Julian Nogueiras; a la Consejera del PRO Maria Celeste Gracca; a la Secretaria de la Juventud PRO Camila Naomi Gonzalez; al militante de Gonzalez del PRO Avellaneda SebastiánVillalobos; al miembro de la Fundación Pensar Fernando Rodeles; al concejal del bloque UCR de Mar del Plata Luis Osvaldo Rech; al Vicepresidente del PRO Alberdi Gustavo Daniel Pretzsch; al ex Jugador de Boca Luis Ramon Abdeneve; al responsable económico del PRO Chubut Cristian David Eben Austin; al secretario del Bloque de Diputados de Santa Fe Adrián Dario Soria; y al candidato Parlamentario Mercosur del PRO Gonzalo Javier Mansilla, entre cientos de otros.

Pero plagar de militantes el sindicato no fue lo único. Además, según propios dirigentes del PRO como el concejal Daniel García, Presidente del Bloque Podemos del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, la interventora le pedía retornos a cada uno de los contratados para donarlos a una "fundación". Hizo circular una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp donde se le pedía el "diezmo". ¿Dónde iría esa plata negra?

Tal vez ese dinero, más el faltante denunciado, tenga relación directa con el escándalo que destapó la investigación de Juan Amorín sobre los aportantes truchos en la campaña 2017. Es que una de las dudas es el origen de los fondos que fueron blanqueados con identidades falsas y son muchos los que apuntan al SOMU. Hablamos de faltantes millonarios, más una caja líquida de unos 200 millones de pesos que estuvo en manos de quien fue una de las caras visibles de Cambiemos.

Tan poco verosímil es que el aporte de Gladys Esther Gonzalez se haya limitado a la entrega de $30 mil en efectivo, como figura en la declaración oficial de Cambiemos, como que efectivamente haya existido esa operación. Lo que efectivamente existió fue el desvío y la utilización de fondos de un gremio, al que llegaron para "transparentar", en beneficio del partido de Gobierno.

Esto sale a la luz en horas en las, casualmente, empieza a sonar con fuerza en el mundo sindical un posible retorno de la intervención al gremio de marineros. Amparada en impugnaciones al proceso electoral por irregularidades en la oficialización de las listas, la justicia podría allanar el camino para volver a poner un pie en el sindicato. El otro pie, está claro, lo pondría el Gobierno.