La puja distributiva ayer  tuvo coincidencia empresarial, en un doble lock out por parte de los subtes y la salud privada. El paro de las clínicas y prepagas es explícito, pero el de Metrovías es más velado, dado que el Grupo Roggio lo niega, pero a la vez tampoco da una explicación clara respecto a las demoras en todas las líneas.

"Es un lock out patronal. No estamos tomando ninguna medida de fuerza. Las formaciones están habilitadas. Habrá algo en el medio, algún negociado”, denunció Néstor Segovia, secretario general adjunto de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).

El sindicato de los ldenominados Metrodelegados incluso difundió un comunicado repudiando el lock out. “Esta mañana la empresa impidió la salida de los coches desde talleres y cocheras, intentando provocar un conflicto y responsabilizar al Sindicato del Subte. Los trabajadores nucleados en la AGTSyP no participan de esta maniobra, que comenzó el lunes pasado a raíz de la falta de trenes para la Línea H que fueron prometidos por el Gobierno de la Ciudad para octubre del año 2013 y aguardan la rápida normalización del servicio”, afirmaron.

Según los trabajadores, Metrovías (controlada por el Grupo Roggio) le está reclamando al gobierno porteño de Mauricio Macri por formaciones nuevas que debería haber entregado a fines del año pasado.

Por el lado de las clínicas privadas y prepagas, ayer sólo atendieron urgencias, en una especie de apriete al gobierno para que les de vía libra para conseguir aumentos.

Las empresas buscan aplicar una suba que llegaría prácticamente a 30%, en dos etapas: 18% a mediados de año y 10% para septiembre. Argumentan que solamente con esos ajustes podrían mejorar los aranceles que pagan a los prestadores y las subas salariales, en una postura algo victimizante para un sector millonarios y que no difunde cifras claras sobre sus ganancias.

El lock out lo encabezan los grandes actores del sector, agrupados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra). En cambio, las firmas pymes prestadoras de salud -nucleadas en el Consejo Nacional de Entidades de Salud (CONAES)- se despegaron del paro convocado por las clínicas y sanatorios, aunque coinciden en la necesidad de que se autorice una actualización en los aranceles que perciben.

Por su parte, el gremio de la sanidad reclama una suba de 29,8% en dos etapas; 18% a mitad de año y 10% en julio. Adicionalmente reclaman una suma fija que complemente el combo salarial.

Paradojalmente, el diputado nacional del Frente Renovador Héctor Daer, jefe de la seccional Buenos Aires del gremio de Sanidad, confirmó que la semana que viene comenzarán las medidas de fuerza, en función de lo que se decida en las asambleas que se desarrollan por estos días.

Los sectores más duros en los reclamos son los de los empleados del hospital Británico, Alemán, Italiano, Español y Centro Gallego (estos dos últimos los más plantados).

Así, sin que haya existido un acuerdo sindico-patronal (o al menos eso asegura el massista Daer), ambos planteos confluyen en reclamos conjuntos al gobierno nacional. Casi una sociedad de hecho.

Por lo tanto ayer se vivió una jornada importante para los empresarios que salieron a jugar sus cartas sin esconder sus intenciones. Suelen ser menos explícitos, pero parece haber llegado el momento en el que  decidieron ganar la puja distributiva con su artillería pesada.