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Imputan a Venegas por "coacción" contra trabajadores
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Actualidad 30/09/2015 08:27:51
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Imputan a Venegas por "coacción" contra trabajadores
Imputan a Venegas por "coacción" contra trabajadores

La justicia imputó al titular de los peones rurales, Gerónimo Venegas, por el supuesto delito de obligar a trabajadores de otro gremio a renunciar y pasarse al sindicato que conduce (Uatre) para ser atendidos por la obra social.

30/09/2015 08:27:51
Mientras el Momo Venegas levantaba su perfil en la campaña del macrismo en la provincia de Buenos Aires, se supo que la justicia lo imputó por el delito de coacción. La denuncia es por obligar a trabajadores de otro gremio a renunciar y pasarse al sindicato de los ruralistas que conduce Venegas, el Uatre.

Un grupo de trabajadores del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (Satha) sostuvo ante funcionario judiciales que fueron obligados a renunciar a sus afiliaciones. El motivo fue para ser atendidos en la obra social de la Uatre llamada Osprera.

El titular de Satha, Gustavo Arreseygor, explicó que “nos empezamos a dar cuenta de esta situación porque nos llegaban telegramas de renuncia. Cuando empezamos a indagar un poco, nos enteramos de que Osprera les reclamaba su afiliación a la Uatre para ser atendidos”.

La fiscalía ordenó una serie de medidas de prueba que serán realizadas por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata.

"Desafiliate a Satha o no te atendemos", fue lo que le dijeron al trabajador Juan Bautista Di Carlo en reiteradas oportunidades.

Producto de esta situación, el sindicato formuló la denuncia penal el pasado 5 de julio, luego de recibir varios telegramas de renuncia.

"Cuando empezamos a indagar un poco, nos enteramos de que Osprera les reclamaba su afiliación a la Uatre para ser atendidos", narró a Página/12 el secretario general de Satha, Gustavo Arreseygor.

Los abogados del gremio ampliaron la denuncia en la cual se incorporaron más declaraciones testimoniales, y según informaron desde la fiscalía, dos de los declarantes contaron que los propios directivos de la obra social Osprera escribieron la carta de renuncia al Satha.

Pero existen más de cinco damnificados, por eso el fiscal Romero le pidió a la Departamental de Investigaciones que solicite en Satha todos los telegramas recibidos desde enero hasta el momento de la denuncia para determinar el universo total de los perjudicados por el accionar del titular de la Uatre.

"Lo que se investiga es si hubo coacción, es decir si las personas que renunciaron al sindicato (Satha) fueron amenazadas con no ser atendidas por la obra social", indicaron desde la fiscalía de La Plata.

Una vez que la Departamental de Investigaciones platense finalice con todas las medidas de prueba solicitadas, el expediente volverá a la fiscalía 6 y Romero definirá los pasos a seguir.

Estos hechos comenzaron en enero de este año, cuando el Satha inició los trámites para la extensión de su convenio colectivo de trabajo hacia toda la provincia de Buenos Aires.
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, firmó el pedido del sindicato en junio de este año, y de esta manera, el Satha comenzó a recibir los aportes patronales solidarios que antes recibía la Uatre.

Es decir que frente a la pérdida de territorialidad en la provincia de Buenos Aires, la respuesta aparente de Venegas fue negarle la atención a los trabajadores que no estuvieran afiliados en Uatre.

"Los trabajadores tienen una seria dificultad de representación. El sindicato de la Uatre que conduce Venegas se dedicó a establecer una relación estrecha con los sectores patronales. Eso es perjudicial para los trabajadores, en cualquier ámbito", sostuvo a radio Nacional, el jefe de la sección 6 del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Lucas Martínez.

Ese vínculo estrecho quedó plasmado en un informe de la Sindicatura General de la Nación que determinó que entre 2008 y 2012, sobre un total de 2.145 certificados de deudas por multas por un valor de $ 9,7 millones, el ex Renatre, organismo que conducía Venegas junto a los dirigentes de la Mesa de Enlace, había gestionado el cobro de tan sólo 566 multas, es decir, $ 2,1 millones.

En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos –por multas no cobradas– de casi $ 7 millones.

Los magros resultados de la fiscalización y la recaudación no le impidieron a Venegas destinar casi $ 16 millones en contratos para Gregard, la empresa dedicada a realizar las fiscalizaciones, y Trivio, encargada de las cobranzas.
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