«En función de la competencia material, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo», indicó el fallo de la Corte Suprema.
La decisión la firmaron los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El juez penal que intervino en el caso de la Upsra, Ariel Lijo, llamó a elecciones a partir de la solicitud del delegado normalizador, que fue ubicado en el cargo por Jorge Triaca.
Lo que la Corte advirtió es que esa definición debería haber sido tomada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Según Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma, la Corte determinó con el fallo que «las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo».
Desde que Jorge Triaca asumió en el Ministerio de Trabajo se registraron diez intervenciones gremiales.
Las más conocida fue la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el bastión de Omar «Caballo» Suárez, que está preso en Marcos Paz y terminó con el escándalo de la empleada doméstica de su familia como interventora de una seccional.
En UPSRA, como sucedió en el SOMU, desde el desembarco de los interventores se colmó el gremio de familiares, militantes y amigos del ministro. El sindicato de Seguridad fue el segundo intervenido en orden cronológico por el ministro de empleo.
El gremio abarca un universo de unos 150 mil vigiladores privados en todo el país, con extensas jornadas de trabajo y con un salario medio de algo más de 20 mil pesos. Con los aportes de ese conjunto de trabajadores, Triaca otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios.
Según se conoció, hubo tres hombres de confianza del ministro que fueron designados por la cartera de Trabajo con contratos de entre 83 mil y 55 mil pesos y que no podían estar allí por incompatibilidades constatadas. Se trata de Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca, Alfredo Enrique Bertonasco, un funcionario de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, muy cercano al viceministro de Trabajo Horacio Pitrau y de Roberto Porcel, un abogado cercano a Triaca que suele ser parte del engranaje de negocios. Los tres en paralelo tenían otros nombramientos en el SOMU.
El desembarco de la guardia de Triaca llegó apalancada por una importante cantidad de nombramientos. No menos de 40 contratos se pagan de la caja del sindicato y a muchos de ellos nunca se los vio por las instalaciones.
Se trata de exmiembros de las fuerzas de seguridad federales y militantes de Cambiemos (como en el caso del SOMU). De hecho el actual interventor, Patricio Lombilla al que las versiones indican que el ministro lo habría conocido en un reconocido club de zona norte, todavía se pregunta quiénes son varios de los contrataros por Porcel porque no los puede ubicar.
Entre los contratados en UPSRA aparecen los hermanos Castro. Patricio y Mariano Castro mantienen una vieja historia con los Triaca, su padre era amigo del ex ministro y padre del actual titular de Trabajo, Jorge Alberto Triaca. Del gremio de vigiladores Mariano cobra $35 mil. Patricio tenía un contrato similar que fue dado de baja en los últimos días.
Mientras tanto, “Pato” Castro sigue su recorrida por las seccionales para hacer campaña. Es que sostiene que bajo el amparo del Ministerio va a ser el próximo secretario General del sindicato, a pesar de nunca haber sido un empleado encuadrado en el sindicato ni haber sido afiliado.