Referentes de la CGT, CTA y las organizaciones sociales firmaron una dura carta contra el FMI

Por primera vez desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llegará el viernes al país su titular, Christine Lagarde. Y todo el arco de la oposición aprovechará la visita para manifestar su repudio. Entre ellos las expresiones gremiales.

Lagarde llegará para participar de las reuniones de los ministros de Finanzas en el marco del G20 durante este fin de semana, pero también se reunirá con Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por ello, en las últimas horas se conoció una carta con la firma de referentes gremiales, de organizaciones sociales, dirigentes de la oposición, personalidades de la cultura y de diversos organismos de derechos humanos. En ella presentan el rechazo al entendimiento y piden que no se lleve adelante el acuerdo.

Entre los firmantes aparecen los triunviros cegetistas, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, el referente camionero Pablo Moyano, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el referente de la CTA Autónoma Pablo Micheli y los dirigentes de las organizaciones sociales Juan Grabois, Daniel Menéndez y Emilio Pérsico.

Además los movimientos sociales, entre ellos Barrios de Pie y  CTEP, ratificaron que se movilizarán el sábado para manifestar su disconformidad con lo pactado.

«Dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo», dice en su introducción la carta.

Se considera, en el escrito difundido, que la nueva deuda contraída es «odiosa o execrable».

Además, se alerta al Directorio sobre «la explosiva situación social que vive la Argentina» y se comunica que esta «seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas».

El escrito, dirigido directamente a Lagarde, pide que el acuerdo quede sujeto a revisión parlamentaria y de la justicia y le piden a Cristine que le transmita al directorio que el entendimiento «no tiene legitimidad jurídica, ni política social».