Metrovías avanza en varias direcciones para atacar a los Metrodelegados. Por un lado activa los despidos y las suspensiones, como metodología de disciplinamiento, pero en paralelo promueve, con el aval del PRO, una solución definitiva: declarar “esencial” al servicio del subterráneo y restringir las huelgas.
El pedido será examinado por una comisión interna del Ministerio de Trabajo con profundos vínculos con el gobierno de Mauricio Macri y una pata en el mundo sindical: Armando Cavalieri. La Comisión de Garantías está formada por cuatro integrantes titulares que asumieron a principios de mayo tras el Decreto N°387, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Los miembros titulares, según publicó el portal LetraP, son Miguel Ángel de Virgilis, Alberto Tomassone, Juan José Etala y Miguel Oscar Berri.
Tomassone es el histórico abogado del sindicato de Comercio que conduce hace 32 años Cavalieri, de muy buena relación con el gobierno de Cambiemos y un lazo personal con el ministro de Trabajo.
Virgilis, quien fuera subsecretario de Trabajo durante la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, también tiene terminales con el «Gitano». De hecho, hace poco fue contratado por el dirigente mercantil para ponerse al frente del complejo proceso electoral que debe atravesar este año.
El tercer integrante de la comisión, Etala, es un abogado allegado al PRO, con un paso por la Unión Industrial Argentina (UIA) y por la comisión directiva de Boca Juniors durante la primera gestión de Daniel Angelici. Además tiene relación personal (algunos dicen que comercial), con Tomassone.
Por su parte Miguel Berri, es el flamante decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y un histórico militante radical de la provincia de Buenos Aires.
Ese cuerpo, de carácter «independiente» debe entrar en funciones “en el marco de un conflicto colectivo de trabajo” atravesado por medidas de fuerza.
La normativa es rigurosa en torno a qué servicios el Ministerio de Trabajo puede calificar de esenciales, algo que también está legislado por la OIT, pero abre la probabilidad de extender esa lista en caso de que la duración y extensión de la medida de fuerza ponga en riesgo “la vida, la salud o la seguridad de la población”.
La idea de Triaca es mostrar aval «sindical» para limitar el derecho del huelga bajo tierra y allanar el camino en dos sentidos: a Metrovías como operadora y a la UTA como tercero en discordia en un conflicto desatado por la potestad de su firma y las limitaciones de su representación.