Mediante un comunicado, la central de trabajadores expresó que «a pocos días de finalizado el paro del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, la CGT Regional Córdoba ratifica su reclamo por la reincorporación de los más de 160 trabajadores despedidos», tras el paro que se extendió entre el 5 y el 13 de junio último.
«Sin perjuicio del reconocimiento a la instancia abierta en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, esta CGT Regional entiende que ningún argumento puede justificar estas cesantías, que sólo servirán para agravar la ya de por sí crítica situación social de nuestra ciudad», dijo la regional en un comunicado.
Señala el documento que a esto se debe sumar la «manifiesta ilegalidad» de los despidos, a partir del «tenor de los telegramas de intimación, con plazos irracionales de cumplimiento imposible, lo que basta para tornar nulos los de despido».
También señalan como ilegal el criterio con el que se dispusieron los despidos, al señalar que «los propios empresarios hablan de elección aleatoria, lo que claramente expresa un criterio de discriminación en el que se sanciona a dedo y a gusto del empleador».
En el comunicado, la central obrera puntualizó que «quien más furiosamente se opone a la reincorporación es el intendente municipal (Ramón Mestre), escondiendo en primer lugar que la mayoría de los cesantes no son empleados municipales. Sólo lo son los de servicio de trolebuses».
«Oculta también -añade el comunicado- sus responsabilidades tanto en el diseño como en las pésimas condiciones del servicio, así como en la falta de control de la municipalidad sobre la situación de las empresas adjudicatarias y en la prestación efectiva del servicio, lo que incluye las miserables condiciones de trabajo a las que las empresas someten a sus trabajadores, reiteradamente denunciadas y nunca solucionadas y que constituyeron el origen del conflicto».
Por otra parte, cuestionó que «tampoco se puede ignorar ni minimizar el papel de quienes desde posiciones políticas o gremiales impulsaron en todo momento el mantenimiento del paro a toda costa», lo que permitió acciones «oportunistas del poder político, como la sanción de una ley provincial o la convocatoria a una Consulta Popular Municipal que intentan limitar en forma ilegal el ejercicio del derecho de huelga».
Finalmente, la CGT consideró que «ambos instrumentos, además de ilegales y/o inconstitucionales, se demostrarán como absolutamente inútiles a la hora de prevenir o resolver conflictos..».
En la jornada de ayer las empresas de transporte urbano de Córdoba Aucor y Ersa suspendieron a 14 delegados (seis en Aucor y ocho en Ersa), luego del último paro que se extendió por 10 días.
Al respecto, Marcelo Marín, delegado de Aucor y vocero de los choferes que llevaron a cabo la protesta, indicó que la empresa notificó a él y a otros cinco delegados que fueron «liberados de prestar servicios», negándoles el ingreso a las plantas de la empresa e impidiéndoles manejar colectivos.
Según un documento, la medida fue tomada por la empresa debido a «hechos que son de público conocimiento» ocurridos durante el paro y porque su presencia es un «peligro» tanto para los intimados como para los usuarios del transporte y para los bienes materiales de la firma.