Jaboneros señaló que la quinta utilizada para un red de trata estaba usurpada

La cúpula del Sindicato de Jaboneros y Afines salió al cruce de la información que circuló en las últimas horas y que habla de una supuesta vinculación entre la organización gremial con una red de trata que explotaba a niñas y adolescente sexualmente en una quinta ubicada en Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza.

En el marco de esa investigación la Justicia ya detuvo a tres personas, que eran las responsables del predio en el momento en el que ocurrieron los hechos -que ofrecía fiestas para eventos sociales y sindicales- y las acusó de captar a las víctimas con falsas promesas de trabajo.

Según pudo saber InfoGremiales, el gremio sostiene que la quinta estuvo usurpada hasta el 23 de enero de este año y la cúpula del sindicato se presentará ante la justicia, donde fueron citados por primera vez, a los fines de aclarar y presentar toda la documentación necesaria» para demostrar que son ajenos a los hechos que se investiga.

«Dicho predio, por lo averiguado, tenía dos clausuras municipales una del año 2014 y otra del año 2016. Recién este año cuando fue recuperado iniciamos en el mes de mayo los trámites necesarios para ostentar la habilitación», especificaron.

Desde la organización remarcaron que no tenían conocimiento alguno de los hechos aberrantes que se relatan y agregaron: «nunca nos llegó denuncia alguna ni de vecinos, ni de afiliados, ni de los eventuales trabajadores del camping en relación al hecho».

Además se solidarizaron con las víctimas de trata y explotación sexual y repudiaron la «utilización política que algunas personas hacen del hecho delictuoso, las cuales oportunamente deberán responder aprovechándose de un delito que es el más aberrante de los previstos en el Código Penal».

Hasta el momento, la Justicia cuenta con al menos 14 casos en donde niñas y adolescentes contaron que fueron captadas por falsas promesas de trabajo, ya sea para camareras o tareas de limpieza, pero luego fueron esclavizadas y explotadas sexualmente bajo amenazas. Las víctimas tienen entre 14 a 22 años y los hechos habrían ocurrido desde octubre de 2016 hasta la octubre de 2017.