Los cuatro gremios con actuación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y los vecinos de la ciudad, mantienen la ocupación de la mina en Río Turbio, en rechazo a más de 400 telegramas de despido enviados por la empresa, y a la espera del resultado de las negociaciones que empezaron ayer en Buenos Aires con la intervención de la empresa.
Los gremios Luz y Fuerza, La Fraternidad, la Asociación del Personal Superior (APS) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mantienen la protesta intersindical y piden que se retrotraiga la decisión que impacta de lleno sobre un pueblo de 9 mil habitantes.
El titular de ATE Río Turbio, Miguel Páez, apuntó a la empresa y señaló que «están tratando de estirar lo más que puedan» la situación «como estrategia para que caigan los reclamos contra los despidos y jugar con los plazos legales».
La ocupación en boca de mina comenzó el miércoles, tras una manifestación y «cuenta con el apoyo del pueblo», afirmó el dirigente.
«Creyeron que la gente iba a venir a presionarnos, que se iba a dividir, pero resultó al revés de lo que esperaban y hoy está todo el pueblo acompañando», aseguró Páez.
Los telegramas de despido fueron enviados por YCRT a más de 400 trabajadores, luego de que el interventor, Omar Zeidán, informara el inicio de un plan de reestructuración consistente en un 35% de reducción de las jefaturas y un esquema de retiros voluntarios.
El funcionario informó que la actividad es sostenida íntegramente por el Estado nacional y que en 2017 contó con un presupuesto de 4.700 millones de pesos pero, para este año, fueron presupuestados 3.600 millones.
Antes del inicio de las negociaciones en Buenos Aires, en un extenso documento, Zeidán dijo que «la decisión está tomada», que «los telegramas no se retrotraen» y que «la reducción de la planta es un hecho fáctico» que comunicaron «hace un año atrás» y que «todo el arco sindical y político lo sabía».
Dijo que se trata de «salvar la empresa, hacerla viable, productiva y con futuro» y apuntó a la gestión del Frente para la Victoria: «Quienes hoy encabezan las marchas diciendo defender a los trabajadores, pronostican el caos y promueven el apocalipsis en la cuenca, son quienes fundieron a YCRT y se robaron todo».
«Los únicos que pagan las consecuencias del ajuste neoliberal son los trabajadores y sus familias», enfatizó por su parte el bloque de diputados del FpV en la Legislatura de Santa Cruz, que rechazó en un comunicado «el envío masivo e indiscriminado de telegramas de despido e intimaciones a los trabajadores de YCRT».
Los diputados kirchneristas exigen el freno de los despidos y reclaman «planificación seria del carbón como recurso energético».
El bloque legislativo del oficialismo en Santa Cruz es presidido por el diputado provincial, Matías Mazú, ex intendente de Río Turbio, y también sindicado por Zeidán entre los «victimarios de YCRT que hoy operan desvergonzadamente para quebrar la voluntad de esta intervención».
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