«Es improbable que el Empalme sea una solución»

Anunciado el pasado 1° de mayo por el Presidente Macri junto con el fallecido dirigente rural, Gerónimo Venegas y luego de más de dos meses sin novedades, fue reglamentado el renombrado Plan Empale.

El mismo consiste en mecanismos de subsidios al empleo para empresas que contraten destinatarios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social o de Trabajo. Esto que se comunicó como nuevo, forma parte de las políticas que el Ministerio de Trabajo viene realizando hace ya varios años. El Programa de Inserción Laboral (PIL) creado en el 2006, establece una ayuda económica mensual directa a los trabajadores. Este apoyo puede ser contabilizado como parte del salario pero los empleadores deben pagar como mínimo la diferencia para alcanzar el sueldo de la categoría laboral que corresponda.

El Director del Centro Atenea Damián Ledesma, explicó: “El Empalme forma parte de un programa que ya se viene ejecutando desde el 2006. Si bien aquí se establece una ampliación del contingente de destinatarios, es improbable que sea la solución para sus problemas de empleo”.

El Empalme incorpora a los destinatarios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social como Argentina Trabaja y Ellas Haces, ampliando considerablemente el universo de receptores con más de 250.000 nuevos titulares beneficiados. De esta manera se incluyen dos políticas públicas que tienen objetivos distintos. A diferencia de la cartera de Trabajo, los programas de Desarrollo Social buscan la creación de empleo a través del incentivo a los emprendimientos cooperativos y de la economía social. Con el Empalme se busca reconvertir esta política pública, trasladando a las personas inscriptas en los programas de Desarrollo Social al sector asalariado, sin tener en cuenta que el “Argentina Trabaja” fomenta otras lógicas de trabajo, fundadas en los emprendimientos cooperativos.

Más allá de estas modificaciones, la creación de nuevos empleos depende de factores macroeconómicos que no pueden revertirse mediante un programa de intermediación.

Entre diciembre de 2015 y agosto de 2016 hubo casi 52.000 asalariados menos en el sector privado y si bien se había producido una leve recuperación desde septiembre, para mayo de 2017 el saldo sigue siendo negativo (cerca de -16.000). Aun percibiendo el beneficio, resulta difícil proyectar que las empresas estén dispuestas a contratar nuevos trabajadores si están despidiendo personal.

Lo mismo sucede con las empresas PyMEs que fueron afectadas por el aumento de las tarifas, baja de consumo interno y/o aumento de las importaciones. Es raro pensar que bajo este contexto, tomen nuevos empleados por los incentivos que le genera la contratación subsidiada. Si tenemos en cuenta el alcance del PIL y los objetivos de las políticas de desarrollo social, sería difícil que se produzca un traslado automático hacia el trabajo asalariado. El PIL tuvo un total de 4.555 participantes en todo el 2016 con un máximo de 531 activos durante el mes de octubre de ese mismo año.

Ledesma agregó: “En un escenario económico delicado como el actual, los programas de inserción laboral difícilmente modifiquen la curva del empleo asalariado. La publicidad institucional que indica que el “empalme” traerá una “migración” de planes sociales a empleos de calidad no condice con los parámetros que se puedan esperar de esta política. El año pasado, el Programa de Inserción Laboral alcanzó a poco más de 4.500 personas”.

Un punto atractivo del Plan Empalme reside en la posibilidad de formalizar trabajadores para aquellas empresas que deseen hacerlo. El decreto menciona la posibilidad de utilizar el beneficio económico para regularizar relaciones laborales preexistentes, es decir, si el empleador mantuvo una relación laboral por fuera de la ley, además de no sancionarlo, el Estado le otorgará un subsidio. Esto no resulta llamativo si se tiene en cuenta desde el Poder Ejecutivo se redujo un 28% el presupuesto del Programa Nacional de Regularización del Trabajo y fue prorrogada la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral el pasado 11 de agosto, la cual ya prevé sanciones y beneficios para los empleadores.

Hay que destacar también que los programas del Ministerio de Trabajo consignados a la formación de jóvenes recibieron importantes recortes presupuestarios este año (14% en términos reales), y peor todavía es la situación del PROG.R.ES.AR que achicó sus partidas un 47% también en términos reales.

En síntesis, las políticas de empleo no generan trabajo por sí mismas, sino que facilitan y democratizan el acceso del mismo a poblaciones vulnerables. Las herramientas como el PIL son útiles en un escenario de crecimiento económico y expansión del empleo, y deben estar acompañadas de una fuerte presencia estatal en materia de fiscalización del trabajo no registrado. De lo contrario, termina apuntando a una baja de los costos laborales para las empresas y a la no generación de nuevos puestos de trabajo.