El Gobierno confirmó ayer que ya no aceptará sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Así lo dispuso a través del decreto 633/18 que alcanza tanto al sector privado como público, y que le sumará una presión extra a las paritarias que deben renegociarse.
La idea subyacente en la decisión es «garantizar la sustentabilidad del régimen previsional», ya que dichos importes están excluidos de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
Según la normativa, el Ministerio de Trabajo «no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo».
La excepción serán los beneficios sociales otorgados por el empleador (servicios de comedor, reintegros de gastos médicos, ropa de trabajo, gastos de guardería, útiles escolares y guardapolvos, cursos o seminarios de capacitación, gastos de sepelio), viáticos y las compensaciones por suspensiones por falta de trabajo no atribuible al empleador, así como las situaciones encuadradas en el Procedimiento Preventivo de Crisis.
La medida también se extiende al Estado, por lo que se instruye al Ministerio de Hacienda, Modernización y Trabajo para que, «con intervención de la comisión técnica asesora de política salarial del sector público, procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público nacional, con el objetivo de considerar un programa de adecuación a las pautas generales contenidas en el presente decreto en materia de sumas no remunerativas».
El texto reconoce que “en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio”.
Lo curioso es que fue el propio Gobierno el que pautó con los empleados estatales nucleados en UPCN un bono único y no remunerativo de $2.000 en junio y el que propuso reducir los aportes patronales en el Preventivo de Crisis de Carrefour, que implica una multimillonaria pérdida de recaydación por parte del Estado.