A través de la publicación en el Boletín Oficial, mientras otros temas se llevan la agenda pública de un convulsionado diciembre, el Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la «comisión de garantías» un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas «servicios esenciales», las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017, constituye un nuevo intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta. Es un viejo anhelo de Cambiemos.
El eje del avance es declarar al transporte servicio esencial y de esta manera limitar su potencialidad para garantizar una medida de fuerza, obligándolo a prestar servicios mínimos. Todo esto pese a que la OIT establece que esas actividades del transporte no son consideradas como servicios esenciales.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron a El Cronista que es un «cambio normativo», pero reconocieron que «se trabajó con Modernización» sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que «hay un pedido» para que se estudie y que esto «no constituye ninguna restricción al derecho a huelga».
La «comisión de garantías» fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
Tampoco es de descartar que el intento del oficialismo vaya por los docentes, otro viejo sueño de Mauricio Macri. Es que de cara a un año que ya se olfatea con alta conflictividad sindical, limitar las huelgas de los docentes, que suelen ser un caso testigo de lo que va a suceder después en el mercado laboral, sería un beneficio invaluable para el Gobierno.