Docentes privados le dicen a Finocchiaro que quieren debatir las políticas educativas

Los secretarios general y de Educación del gremio, María Lazzaro y Daniel Di Bártolo, respectivamente, aseguraron que «el Sadop no permitirá que se le quite el derecho a debatir la polí­tica educativa» y que sostendrá la evaluación como proceso integral en «las antí­podas del objeto de consumo que algunos colegios privados de elite instalan y que el gobierno nacional avala», señalaron.

Los dirigentes rechazaron «la comercialización de la evaluación, a la que se considera un objeto de consumo», según expresaron, y condenaron su presentación como «un logro en los colegios privados, como si se tratase de mercancí­a con valor económico».

Los sindicalistas rechazaron que la evaluación de los conocimientos sea presentada en el mercado capitalista como «un logro en los colegios privados ‘de alta gama o elite’ (sic) por ciertos comunicadores y difusores de la ‘cultura evaluativa'».

«La evaluación es considerada en idéntico nivel que las clases de equitación, los cursos de inglés o los intercambios mundiales. Se presentan escuelas en cuya marca figura como producto de venta.

El Sadop y los otros sindicatos no se oponen a la evaluación, como sostuvo el diario La Nación. No solo no es cierto sino que ofreció su propia perspectiva ‘Autoevaluación institucional y participativa’ en un documento elaborado en paritarias», dijeron.

Los gremialistas del Sadop, que nuclea a unos 70 mil afiliados en todo el país y es el segundo sindicato cuantitativamente más importante del sector docente, explicaron que junto con la Facultad de Pedagogí­a de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y la Universidad Nacional Pedagógica (UNIPE) elabora una herramienta propia de evaluación integral de los procesos educativos sobre la base de la Ley de Educación Nacional 26.206 y los acuerdos paritarios nacionales».

Los dirigentes expresaron que ese instrumento será debatido de forma amplia con la totalidad de los sectores de la educación, alumnos y trabajadores de los Institutos de Formación Docente, organizaciones civiles de la actividad y otros actores sociales.

Lazzaro y Di Bártolo lamentaron «profundamente» en un comunicado de prensa difundido hoy que la evaluación sea tergiversada en su importancia y sentido y transformada en objeto de consumo, y señalaron su «preocupación» ante «la tercerización por parte de organizaciones que realizan ese proceso a un costo monetario, perdiendo así su sentido universal y gratuito y acotando sus resultados de manera parcial y sesgada», argumentó el documento.

Para los dirigentes sindicales, «la mercantilización de la educación es una amenaza en la región y se realiza a través de entidades externas a los colegios, la difusión de propuestas de carreras como ofertas y su instalación como marca comercial».