La empresa ratificó los despidos a través de un comunicado en el que indicó que «ha decidido reemplazar a 33 (de los 37) despedidos de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Alvear».
En ese sentido, Cargill aclaró que «los reemplazos se harán en idénticas condiciones de contratación, es decir como empleados de Cargill en relación de dependencia y en las mismas zonas geográficas».
Por su parte, los empleados de las plantas santafesinas de Cargill pidieron en una asamblea «que las autoridades sindicales tomen las medidas que consideren necesarias en el camino de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos», dijo a Télam el vocero del sindicato de Aceiteros Rosario, Sergio Díaz.
«Vamos a evaluar que medidas tomaremos, existe la posibilidad de hacer paro por 24 horas o paros sorpresivos de 3 horas dependiendo de la cuestión operativa porque hoy la empresa cortó la producción en la planta», añadió.
El conflicto surgió ante la decisión de Cargill de despedir a 44 empleados de las plantas de Punta Alvear y Villa Gobernador Gálvez e Ingeniero Guay. Sin embargo, siete de los operarios acordaron la desvinculación con la empresa y finalmente son 37 los despidos que se mantienen.
La audiencia entre la cerealera multinacional y el gremio aceitero realizada el martes en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en la que las partes no alcanzaron un acuerdo, fue la última en el marco de la conciliación obligatoria que caducó y que desató las medidas de fuerza del sindicato.
«Durante la conciliación obligatoria la empresa ofreció a las personas involucradas un plan de retiro como alternativa de solución, el cual fue aceptado por un grupo reducido de ellos», destaca el comunicado de Cargill.
Además, la empresa reiteró «que el objetivo de esta medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles distintos y adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones de modo seguro, eficiente y acorde a los nuevos desafíos del grupo».
Sin embargo, desde el gremio sostuvieron «que la decisión de la empresa no responde a ningún motivo tecnológico ni económico, sino a un intento de disciplinamiento sindical, en un contexto político que favorece a estas empresas multinacionales con ingresos exorbitantes».
«La intención patronal en consonancia con el contexto político nacional es modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, flexibilizando y precarizando a los trabajadores», añadieron.
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