Un duro golpe sufrió la intervención dispuesta por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Es que de acuerdo a distintos fallos, al menos 3 a los que accedió InfoGremiales, la Cámara Penal el pasado 5 de mayo le dio el visto bueno a la totalidad de los recursos planteados ante la Cámara Federal por los dirigentes desplazados del gremio.
La medida de la justicia penal, sin precedentes en la historia del sindicalismo en el país, ahora tambalea y podría ser cuestión de tiempo que los dirigentes del corridos de sus cargos sin los renunciados (y denunciados) Omar «Caballo Suarez y Rigoberto Suarez, vuelvan a ser instalados en sus funciones.
La apelación concedida a los gremialistas tiene efecto suspensivo sobre la intervención vigente a cargo de Gladys González, Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola, sin embargo ahora el juez tiene que notificar lo resuelto y dependerá de la Cámara y de las resoluciones que tome el propio Canicoba Corral si será en forma inmediata o hay alguna maniobra dilatoria.
Además de lo actuado sobre el gremio, el fallo ordena suspender la intervención de la Obra Social del sindicato (Obra Social del Personal Marítimo) y devolver en sus funciones a las autoridades que fueron desplazadas.
El fallo viene a desestabilizar los planes de los interventores que esperaban quedarse un plazo más extenso en la cúpula del gremio, que mueve al menos 60 millones de pesos mensuales (contando lo recaudado por la obra social) y hasta empezaban a sondear a las cámaras empresariales para negociar las paritarias de 2016.
Por otro carril, y siguiendo su curso debería continuar la megacausa que se originó a partir de una denuncia presentada contra el entonces secretario general de la organización, Omar Suarez y otros dirigentes, por el bloqueo de diversas vías navegables, lo que entorpeció el tránsito marítimo, y por exigir a los afiliados que desistiesen de asistir con remolcadores a varios buques extranjeros en el año 2012. Luego se sumaron varias denuncias más.
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