La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo Godoy, reclamó «una urgente audiencia» con el ministro de Energía y Minería, José Aranguren, para que informe sobre «la decisión oficial de traspasar la administración de la mina de Río Turbio a la Secretaría de Energía Eléctrica y el clima de incertidumbre».
«Esa decisión generó una gran incertidumbre entre los trabajadores del yacimiento minero. Aranguren delegó en la Secretaría de Energía Eléctrica las facultades para continuar la administración del contrato, la realización de todas las actuaciones y el dictado de los actos para la finalización de la obra», explicó Godoy.
El dirigente estatal subrayó que a través de la Resolución 6-E el funcionario nacional dejó sin efecto la 1.866 del 23 de noviembre de 2006, que reguló entonces «la licitación para el contrato de la obra pública de la central termoeléctrica a carbón».
El sindicalista sostuvo que la decisión del ministro provocó «un profundo malestar en los trabajadores, ya que no ofreció precisiones sobre el alcance de la medida», e indicó que «el traspaso a la Secretaría de Energía cambiará el panorama laboral».
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