La filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo judicial para exigir al Ministerio de Modernización que informe todos los datos relacionados con la contratación de consultoras privadas para realizar informes de dotación óptima de personal y los modos de contratación, los plazos, los recursos asignados y los criterios determinados para esos estudios.
Daniel Catalano, secretario General del gremio, consideró que la contratación de esas empresas «es insólita, porque una consultora no puede analizar al Estado y sus funciones como si fuese una compañía privada con fines de lucro», y expresó que «el éxito o no de las políticas públicas no se mide con tasas de rentabilidad».
El dirigente sindical añadió que detrás de esas erogaciones hay «negocios espurios» y concluyó que el gobierno prepara informes digitados para justificar nuevos despidos en «el marco del ajuste que, de forma indudable, amenaza realizar antes de fin de año».
ATE Capital impugnó la conducta del Ejecutivo para determinar «un nuevo ajuste del Estado de la mano de dudosas contrataciones de consultoras privadas» y consideró «inconstitucional» el accionar de ministro de Modernización Andrés Ibarra, a la vez que denunció esa «nueva maniobra como parte del plan sistemático de persecución y estigmatización del personal y sus organizaciones para desprestigiar y menospreciar el empleo público», aseveró.
Catalano subrayó que «la finalidad última del gobierno de Mauricio Macri es justificar un nuevo achique del Estado y despidos en la administración pública nacional, desconociendo el rol de los estatales como garantes y ejecutores de las políticas públicas realizadas a diario para las grandes mayorías del país».
«Ante el ocultamiento de la información, la ATE Capital presentó un amparo sindical y cuestionó la constitucionalidad de los análisis de dotación óptima por violatorios de la estabilidad absoluta, del derecho a la información y del derecho humano fundamental a no ser discriminado por la filiación política, gremial e ideológica, consagrados por la legislación vigente».
Por último, puntualizó que esos derechos también fueron consagrados por las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las que «la Argentina oportunamente adhirió».